El gobierno de Donald Trump ejecutó la deportación de cientos de inmigrantes hacia El Salvador y Honduras, desafiando una orden judicial que buscaba frenar las expulsiones. La administración invocó la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, un estatuto usado solo tres veces en la historia de EE.UU., para justificar la medida contra presuntos miembros de pandillas venezolanas.

El juez federal James E. Boasberg había emitido una orden de suspensión, pero al momento de su decisión, dos aviones con migrantes ya estaban en el aire. A pesar de su directriz de que regresaran, no se cumplió. Funcionarios del Departamento de Justicia confirmaron que los deportados ya habían salido del país cuando la orden se formalizó.

Entre los migrantes expulsados, más de 250 fueron enviados a El Salvador, mientras que otro grupo fue trasladado a Honduras. El presidente salvadoreño Nayib Bukele celebró la acción con un mensaje en redes sociales: «Oopsie… Too late», lo que generó una ola de reacciones. Por su parte, el secretario de Estado Marco Rubio afirmó que los deportados eran presuntos miembros del Tren de Aragua y que El Salvador los retendría en sus cárceles de máxima seguridad.

El gobierno de Venezuela rechazó la decisión de Trump, comparando su aplicación con algunos de los episodios más oscuros de la historia. Organizaciones de derechos humanos alertaron que la norma permite la expulsión de ciudadanos sin posibilidad de defensa, bajo la simple acusación de pertenecer a una pandilla.