El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) comenzará a notificar este jueves 12 de junio a cientos de miles de inmigrantes que su permiso humanitario para vivir y trabajar en Estados Unidos ha sido revocado.

La orden afecta a personas provenientes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, quienes ingresaron legalmente bajo el programa de parole humanitario promovido por la administración de Joe Biden en 2023. Ahora, bajo el gobierno de Donald Trump, se ordena su salida inmediata.

Qué dice el aviso oficial

“Este aviso le informa que su ‘parole’ ha sido cancelado. Si no se va, podría estar sujeto a medidas coercitivas, incluyendo, entre otras, la detención y la expulsión”, señala el documento, según una copia obtenida por CNN.

El aviso también indica que los permisos de trabajo serán anulados y deben ser devueltos al Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU. (USCIS). Estas notificaciones serán enviadas a los correos electrónicos registrados por los beneficiarios.

El trasfondo político de la decisión

El parole fue creado como una vía legal de entrada para solicitantes que contaban con un patrocinador en EE. UU. y superaban una verificación de seguridad. Más de 500.000 inmigrantes se beneficiaron del programa.

Sin embargo, el presidente Donald Trump lo consideró un abuso de autoridad y firmó un decreto para anularlo desde su primer día de mandato. Pese a las impugnaciones judiciales, la Corte Suprema permitió la ejecución inmediata de la política.

La subsecretaria de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, afirmó que “el fin del programa representa un regreso necesario a la seguridad pública y al principio de Estados Unidos Primero”.

Deportaciones aceleradas

Aunque la decisión de la Corte Suprema no es definitiva, permite que se acelere la deportación de unas 530.000 personas que ingresaron con esta modalidad.

El gobierno alega que muchas de esas personas no han solicitado otra forma de protección migratoria, por lo que ya no podrán permanecer en el país.

Según las autoridades, si no acatan la orden, podrían ser deportadas sin posibilidad de apelación o salida voluntaria.