El 14 de noviembre de 2022, con la entrada en vigencia de la ley que reformó la Ley Orgánica de Comunicación (LOC), se estableció que el Consejo de Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación (Cordicom) debía crear un mecanismo de prevención y protección para periodistas.

En la actualidad, no termina de concretarse por la falta del reglamento a esta norma. Desde la institución se asegura que dicha reglamentación está lista, aunque desde los gremios periodísticos se menciona que definir la parte presupuestaria es clave.

En Ecuador, las amenazas contra periodistas y trabajadores de la comunicación se agudizan, la necesidad de contar con este mecanismo aumenta. Solo en los primeros siete meses del año se han registrado 151 ataques contra la prensa, según datos recogidos por la oenegé Fundamedios. Recientemente se conoció que Andersson Boscán y Mónica Velásquez, de La Posta, tuvieron que salir del país supuestamente por haber recibido amenazas.

De parte del Cordicom, su presidenta Jeannine Cruz menciona que el mecanismo ya está creado, pero que se debe tener en cuenta que aún falta el reglamento para la LOC, lo que obstaculiza que esté operativa.

Sin embargo, Cruz también detecta que, si bien los periodistas se contactan con el Consejo de Comunicación y se les pone a disposición el apoyo policial y hasta el del sistema de protección de la Fiscalía, muchos no terminan aceptándolo, ya que “existe una desconfianza gigantesca en el Estado ecuatoriano”.

Según información facilitada por el Consejo sobre la propuesta del mecanismo, las actividades de riesgo al momento de realizar coberturas periodísticas abarcan temas como contrabando, minería ilegal, tráfico ilícito de personas, trata de personas, corrupción, violencia carcelaria, conflictos armados, desastres naturales, entre otros.

Además, la funcionaria dice que si bien ya se cuenta con una nueva LOC, faltó aterrizar en la Asamblea Nacional los temas presupuestarios para que el sistema de protección se pueda aplicar de mejor manera, por todos los gastos que puede llegar a involucrar dar la protección a un comunicador que la necesite.

Pese a estas limitaciones, Cruz menciona que el mecanismo sí ha avanzado y que incluso se desarrolló antes de que se apruebe la ley reformatoria. Asimismo, que esta herramienta ya ha sido socializada con todas las carteras del Estado y las instituciones involucradas para establecer una hoja de ruta para su ejecución.

La falta de presupuesto también sería un grave problema para la seguridad de los que comunican día a día. Autoridades coinciden en que la gran deuda del Gobierno es definitivamente el reglamento a la ley reformatoria de la LOC.