Tal como estaba previsto, la fiscal General del Estado, Diana Salazar, compareció este miércoles 11 de mayo ante la Comisión de transparencia de la Asamblea Nacional. Salazar fue convocada para brindar explicaciones acerca de la apertura de una investigación previa a 93 legisladores que fueron denunciados por la presidenta Guadalupe Llori.

En su intervención, la fiscal señaló que no interesa si las personas denuncian a 100, a 81 o a 76, porque «finalmente quien toma la decisión es única y exclusivamente la Fiscalía General del Estados con base en los recaudos procesales». Es decir, que si se presentó una denuncia inicial en contra de 93 personas, no se puede después cambiar el número de denunciados. Esto porque inicialmente la presidenta Llori acusó a 93 legisladores, pero luego se aclaró que eran 81.

Por ello añadió que «si la Fiscalía llegase a determinar que la responsabilidad está en 100 personas o en 90 personas, aunque los denunciantes digan que fue 1, 2 o 93, hablan los procesos no las voluntades».

También aclaró que la investigación previa se abrió para que los 93 asambleístas puedan ejercer su derecho a la defensa.

Asimismo indicó que la fiscalía tiene muchos casos que atender, relacionados con violencia de género, con «reales víctimas que necesitan atención», señaló que no es justo distraerse dando cuentas de las actividades.

Así, pidió públicamente «que no se pretenda utilizar al derecho penal en conflictos que escapan a su competencia y que deben resolverse en la Asamblea o en otras vías».

Para concluir, reiteró que la Fiscalía no ha interferido en ninguna función del Estado y que más bien es el poder legislativo quien ha activado el sistema penal por medio de su denuncia.

Entre otras cosas, se registró un cruce de palabras y acusaciones entre el correísmo y el oficialismo, Ferdinand Álvarez (UNES) mandó a callar a Blanca Sacancela (CREO), por lo que la fiscal se retiró y se comprometió a responder de manera escrita las preguntas de los legisladores.