CARACAS (Reuters) – La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, dijo el martes que espera ser destituida por el máximo tribunal del país en las próximas horas, después de que la corte iniciara un antejuicio de mérito en su contra a pedido de un diputado oficialista.

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) celebró una audiencia para conocer los alegatos de las partes sin la presencia de Ortega, quien se desmarcó del Gobierno y ha criticado sus medidas ante la ola de protestas opositoras, en medio de la que han muerto unas 90 personas.

«No acudí al Tribunal Supremo de Justicia, no voy a convalidar un circo que teñirá nuestra historia con vergüenza y dolor y cuya decisión está cantada. No lo reconozco», dijo Ortega en una declaración en la sede del Ministerio Público.

«Ya sabemos que en el día de hoy (martes) va a operar mi remoción», agregó. «No me voy someter a ese tribunal inconstitucional e ilegítimo. Este es un fraude procesal con el que se pretende intimidar a la fiscal, pretenden callarme».

Ortega, quien habló poco antes de que comenzara la audiencia en la Sala Plena del TSJ, dijo que el proceso que se le sigue está plagado de irregularidades procedimentales y lo calificó como «espurio» y «amañado».

La máxima corte del país se puso un plazo de cinco días para tomar una decisión luego de escuchar los alegatos del acusador, el diputado Pedro Carreño, y de los otros integrantes del Poder Ciudadano, el Defensor del Pueblo y el Contralor. Todos cuestionaron a la fiscal, la calificaron de «mentirosa» y enumeraron pruebas para justificar su destitución.

«Ella juega el ruin y deleznable papel de atentar contra las instituciones democráticas», dijo Carreño para luego señalar que la fiscal desconoce públicamente a los magistrados del TSJ «para cumplir con el formato de golpe de Estado».

No a Un Estado Paralelo

El episodio eleva la temperatura en el país petrolero sudamericano que atraviesa una grave crisis política y económica en medio de fuertes protestas de la oposición que considera al Gobierno de Nicolás Maduro como una «dictadura».

La oposición volvió a las calles el martes con un «trancazo» de seis horas. En la capital, las principales vías fueron bloqueadas con neumáticos, basura, palos y diversos objetos que impedían el libre tránsito de vehículos.

«Yo tranco por un futuro mejor. La idea es hacer esto para evitar que ocurra la Constituyente», dijo Ritza Quintero, una abogada de 32 años mientras bloqueaba una avenida en Caracas.

El mandatario de 54 años, por su parte, se ha defendido asegurando que su llamado a una Asamblea Nacional Constituyente que modifique la carta magna sólo busca pacificar el país ante la arremetida de sus adversarios que intentan desbancarlo.

En su primera alusión al llamado de la oposición a una consulta popular el 16 de julio sobre su gobierno y sus planes de cambiar la Constitución, Maduro dijo el martes: «Nadie puede pretender establecer un estado paralelo (…), eso es lo que pretendió (Adolfo) Hitler en Alemania (…), (Benito) Mussolini en Italia».

«Nadie puede pretender imponerle al país un evento político que no tiene visos de constitucionalidad y legalidad», agregó, asegurando que sólo con el aval del árbitro electoral se pueden llevar a cabo plebiscitos.

Más temprano, la máxima corte del país nombró a Katherine Haringhton -una funcionaria cercana al Gobierno de Maduro y sancionada por Estados Unidos- como vicefiscal al desconocer al nombrado por Ortega y avalado por la Asamblea Nacional, controlada por la oposición.

En caso de que Ortega fuera destituida, Haringhton asumiría como fiscal general de Venezuela.