Los jueces nacionales Byron Guillen (ponente), Mercedes Caicedo y Javier De la Cadena de forma unánime decidieron declarar improcedentes los pedidos de casación planteados por el exasambleísta Daniel Mendoza y el exdirector del Servicio de Contratación de Obras (Secob) René Tamayo, ambos sentenciados por delincuencia organizada ocurrida en el proyecto de construcción del hospital de Pedernales, en Manabí.

El 12 de noviembre de 2020 un Tribunal de Juzgamiento ordenó en este caso el pago de una reparación integral de $ 8 millones, valor que se debería dividir entre todos los sentenciados.

Guillén, Caicedo y De la Cadena aseguraron que el Tribunal de Apelación señaló los hechos que sirvieron para determinar el monto de reparación y explicó los motivos por los que concluye que el monto de $ 8 millones es lo que se debe pagar.

“De ahí que al encontrarse una argumentación jurídica respecto a la reparación integral no puede asegurarse que la motivación es inexistente. (…) Existe una respuesta jurídica que aunque no es coincidente con la pretensión de los recurrentes aborda el argumento planteado, lo que permite establecer que se cumple con el parámetro de suficiencia normativa y fáctica de la motivación. Al verificarse que esta alegación contiene una contestación mínima por parte del Tribunal de Apelación se desacredita la alegación de motivación inexistente o insuficiente, por lo que en consecuencia se declara improcedente la alegación de falta de motivación”, señaló el Tribunal de Casación.

El exasambleísta Mendoza recibió una pena reducida de 50 meses de prisión, mientras que Tamayo fue sentenciado a 34 meses de cárcel. Esto se dio debido a que ambos se acogieron a figuras como la cooperación eficaz y el procedimiento abreviado.