El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, asegura que las cifras de crímenes han disminuido durante el estado de excepción, en la entrega de una condecoración post mortem a siete policías asesinados en el brote de violencia de inicios de noviembre que motivó las restricciones y mayores controles.

Durante una ceremonia oficial para condecorar post mortem a siete policías, el mandatario defendió que la reducción del número de muertes violentas en Guayas, Esmeraldas y Santo Domingo se debió de su gobierno durante el estado de excepción decretado en noviembre “para controlar las amenazas delictivas”.

La afirmación presidencial se acompañó con unas cifras del ministerio del Interior, en una comparación realizada entre los quince días anteriores a la vigencia del estado de excepción y los 17 días posteriores, que concluyen que hubo un descenso las muertes violentas en las principales ciudades de esas provincias.

En Guayaquil, la más violenta del país, las cifras ofrecidas reflejan que se pasó de 79 a 65 asesinatos, en Esmeraldas, de 34 a 19 muertes violentas y Santo Domingo de los Tsáchilas de siete a dos.

El Gobierno asocia esta disminución de crímenes con los operativos realizados a escala nacional, con los que han desarticulado 29 bandas delictivas, se ha detenido a 3.322 personas, se han decomisado 389 armas de fuego y 483 armas blancas, según el reporte presentado.

Entre los detenidos, se incluye a 74 que están relacionados con delincuencia organizada y, según la explicación oficial, también con los atentados de inicios de noviembre en los que murieron los siete policías condecorados y que generaron la declaratoria del estado de excepción.

Entre las medidas adoptadas, se trasladó a cabecillas de diversas organizaciones criminales a una cárcel de máxima seguridad en Guayaquil, lo que derivó en enfrentamientos en las cárceles y un motín en una prisión de Quito que dejó 10 presos muertos.

El primer mandatario aseguró en su discurso que se mantendrán vigilantes de las investigaciones y sanciones a los responsables, luego de lo cual otorgó la recién creada “medalla al valor” a los familiares de los uniformados caídos.

Una serie de explosiones y ataques a unidades y efectivos de policía en Esmeraldas y Guayaquil, así como enfrentamientos en las cárceles con funcionarios penitenciarios retenidos, derivaron en la declaración del estado de excepción con toque de queda por la noche en dos provincias. A los cuatro días, se extendió a una tercera. Está vigente hasta el 15 de diciembre, aunque se ha reducido el horario de circulación restringida de una a cinco de la madrugada.

Fausto Salinas, comandante de la Policía de Ecuador, afirmó que se ha enfrentado al enemigo con “firmeza” afectando la “economía criminal”, con la retirada del mercado de más de 170 toneladas de droga y casi 8.000 armas en lo que va del año. En el mismo acto, señaló que se han registrado 713 agresiones a policías, 208 tentativas de asesinato, 778 policías heridos y 77 fallecidos en el cumplimiento del deber.

Jéssica Salazar, viuda de uno de los policías, manifestó en la ceremonia de condecoración que nada les devolverá a sus familiares, pero que anhela que su partida “no haya sido en vano y sirva de ejemplo y motivación”.

Para el especialista en temas de seguridad, coronel Mario Pazmiño, lo que ha sucedido es que “gran parte de la delincuencia se ha desplazado”, por lo que niega que exista un control eficiente del Estado. Como muestra, menciona que la autoridad “no puede ingresar a diferentes sectores en territorio lo que origina una gobernanza criminal”.

En diálogo con The Associate Press, manifestó que ni el estado de excepción ni el toque de queda atacan temas de fondo como la corrupción en las cárceles, el hacinamiento, la reinserción social o el presupuesto. Lo que se evidenció, por ejemplo, con una fuga de prisioneros de la cárcel de Guayaquil en medio del estado de excepción.

Las autoridades del país vinculan la ola de violencia en las calles con las masacres ocurridas en el sistema penitenciario ecuatoriano, debido a una pugna de poder y territorio entre bandas criminales, algunas de ellas relacionadas con carteles internacionales, especialmente mexicanos que se disputan rutas para el tráfico de drogas.