Las catorce personas que fueron detenidas durante los allanamientos ejecutados en Guayas, El Oro, Pichincha, Esmeraldas, Azuay, Santo Domingo de Tsáchilas, Cotopaxi y Loja, la madrugada y mañana del jueves 18 de abril del año en curso, son procesadas por la Fiscalía General del Estado. Todos serían integrantes de una estructura delictiva con nexos con cárteles extranjeros: se les formularon cargos por delincuencia organizada con fines de tráfico de drogas.

En los allanamientos se incautaron dos vehículos, cinco armas de fuego (entre pistolas, fusiles y una subametralladora), municiones de diferentes calibres, teléfonos celulares, dispositivos electrónicos y gran cantidad de dinero en efectivo.

Procesados en Quito

Esta mañana, la Jueza de la Unidad Judicial para el Juzgamiento de Delitos Relacionados con Corrupción y Crimen Organizado que conoció la causa dictó prisión preventiva para el expolicía Olger O. y Jorge S., procesados como autores directos de la infracción penal.

Mientras que a Mónica S., Elizabeth G. y Shirley R. les dispuso la prohibición de salida del país y presentaciones periódicas.

En la audiencia de formulación de cargos, efectuada en el Complejo Judicial Norte de Quito, el Fiscal de la Unidad Especializada de Investigación contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Unidot) a cargo de la formulación de cargos presentó más de treinta elementos de convicción para sustentar el inicio de la instrucción fiscal contra los involucrados.

El origen de esta causa tiene como antecedente la instrucción fiscal abierta en Napo por el robo perpetrado en abril de 2022 a la ex Secretaría Técnica de Drogas de esa provincia, de donde se sustrajeron 2.350 kilos de clorhidrato de cocaína.

En ese contexto se abrió una investigación previa que permitió conocer que el propósito de este grupo estructurado no sería el de sustraer la sustancia estupefaciente antes señalada, sino recuperarla, porque pertenecería a esa organización.

Las pericias practicadas a varios teléfonos celulares permitieron extraer información relevante, por medio de la cual se estableció que los procesados eran parte de una estructura delictiva que tenía vínculos con organizaciones y carteles extranjeros, principalmente con Wilmer S. F., alias “Gato Farfán”, líder de una estructura delictiva transnacional que enviaba droga desde Ecuador hacia México para el Cartel de Sinaloa.

El “Gato Farfán” también dirigía la estructura del cártel Nueva Generación en Ecuador, que es como una filial del Cartel de Jalisco en México.