La muerte cruzada es la facultad que tienen el presidente de la República y la Asamblea Nacional para interrumpir el periodo de funciones de los legisladores y del jefe del Estado, y convocar a elecciones generales para la reposición de estos cargos en acefalía.

Este recurso constitucional fue incluido en la Constitución emitida en 2008, durante el gobierno de Rafael Correa, y fue usada por primera vez, en medio del juicio político, por el presidente Guillermo Lasso, quien decretó la disolución del congreso por “grave crisis política y conmoción interna”, disponiendo que se convoquen elecciones generales anticipadas.

Según dispone la carta magna del país, luego de expedido el decreto, en un plazo máximo de siete días el Consejo Nacional Electoral (CNE) debe convocar a un proceso electoral para elegir a nuevos legisladores y al presidente de la República para el resto de los respectivos periodos. El presidente o legisladores en funciones tendrán permitido participar en esa elección, siempre que estén ejerciendo por primera vez el cargo de manera consecutiva.

Mientras esto sucede, el presidente podrá gobernar a través de decretos ley que deben someterse al control de la Corte Constitucional. Este miércoles, luego de decretar la disolución del parlamento, Lasso emitió el primer decreto ley en materia económica y tributaria.

Esta facultad puede ser ejercida solamente por una vez y durante en los tres primeros años de cuatro que dura el mandato y que ejercen simultáneamente el Ejecutivo como el Legislativo.

Desde que Lasso asumió la Presidencia en mayo de 2021, la posibilidad de que decrete la disolución parlamentaria ha sido un escenario constante, incluso recientemente, en abril de este año, la bancada correísta también pidió al mandatario que decrete la muerte cruzada por “grave crisis política y conmoción interna”. A pesar de esto, el ex presidente Correa se pronunció este miércoles sobre la decisión de Lasso y dijo que era “ilegal”.