Tribunal de la Corte Provincial de Justicia de Manabí ratificó la sentencia contra el exjuez de Garantías Penitenciarias, Banny Molina., de un año de pena privativa de libertad, luego de rechazar el recurso de apelación en el que solicitaba se revierta la pena dictada en su contra, al haber sido declarado culpable del delito de usurpación y simulación de funciones públicas.

La Sala de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia de Manabí acogió el pedido de Fiscalía, que la investigación inició luego de recibir una denuncia del entonces director general del Consejo de la Judicatura, Andrés Peñaherrera, en la que señalaba que el exjuez Banny M. habría emitido órdenes de excarcelación para tres privados de libertad (a quienes favoreció con acciones de habeas corpus) a las 16:46 del 5 de agosto de 2022, cuando ya había sido llamado a juicio en otra causa, el mismo día, antes de las 13:00. Es decir, actuó cuando su jurisdicción se encontraba suspendida.

Con base en los suficientes elementos de convicción, Fiscalía solicitó la detención del denunciado, la misma que se ejecutó el 9 de agosto de 2022 en San Jacinto, cantón Sucre, y posteriormente se le formularon cargos por presunta usurpación y simulación de funciones públicas.

El Tribunal de apelación analizó nuevamente las pruebas presentadas, entre las que destacan los testimonios de funcionarios del Consejo de la Judicatura, que señalaron que el 5 de agosto se emitió la resolución en la que se llamaba a juicio al exjuez Banny M. por un presunto prevaricato. No obstante, continuó despachando causas.

Entre estas, las resoluciones emitidas horas más tarde de ese mismo día, en las que aceptaba los habeas corpus a favor de los sentenciados por actos de corrupción, el exvicepresidente Jorge Glas. y Daniel Salcedo.

También cobró relevancia la acción de personal del Consejo de la Judicatura, en la que se señala la suspensión del mencionado, quien el 22 de diciembre fue destituido como juez “por haber cometido infracción gravísima de error inexcusable en sus actuaciones”.

Mencionado en caso Purga

Salcedo dijo en su testimonio anticipado del lunes 3 de junio de 2024, que el abogado Emilio Bowen le presentó al juez Molina, quien le habría ofrecido sacarlo de la cárcel. A través de un operador debía coordinarse su libertad a través de habeas corpus.

El supuesto operador, según el testigo protegido, era Christian Romero, quien se reunió con él y con el exvicepresidente Glas, también recluido en esa prisión.

Romero habría pedido 150 000 dólares como pago para Molina y su libertad a través de un habeas corpus. Cuando indagó por el valor que pagaría Glas, Romero había indicado que eso ya lo tenía coordinado ‘Virgilio‘.

La Fiscal preguntó el apellido del hombre que mencionó y Salcedo respondió que no recordaba, pero era algo parecido a «Hernán«.

Aún así, Salcedo aseguró que entregó a Romero el dinero para Molina, en Santo Domingo, a través de una tercera persona, un operador llamado David Congo.