La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional reactivó, en una accidentada sesión nocturna el 9 de septiembre, los juicios políticos contra tres exfuncionarios del gobierno de Guillermo Lasso. Los exministros Pablo Arosemena (Finanzas), Sebastián Corral (Administración) y Andrea Montalvo (Educación Superior) enfrentarán nuevamente procesos tras la sentencia emitida por el juez Édgar Romero de la Unidad Judicial de Quitumbe.

La presidenta de la Comisión, Pamela Aguirre, de la Revolución Ciudadana, convocó a la reunión con el propósito de tratar estos casos, así como el pedido de juicio político a la fiscal del Estado, Diana Salazar, impulsado por Gissela Garzón, también de la Revolución Ciudadana.

Un inicio accidentado

La sesión, que empezó a las 21:15, estuvo marcada por tensiones desde el inicio. El asambleísta César Umajinga apeló la presidencia de Aguirre, lo que generó un impasse. Aguirre suspendió la sesión, pero tras un breve intercambio de palabras, retomó la conducción solo para perder finalmente la presidencia en una votación impulsada por Umajinga. Luis Alvarado, vicepresidente de la Comisión, asumió la presidencia en medio de reclamos y desorden.

Tras revisar la sentencia del juez Romero, la Comisión aprobó la reactivación de los juicios políticos archivados. El legislador socialcristiano Lenin Rogel votó en blanco, lo que le costó la expulsión de su bancada.

Juicio a Diana Salazar no prospera

En el segundo punto de la agenda, el oficialismo, con mayoría de votos, bloqueó el juicio político contra Diana Salazar. Pamela Aguirre intentó que se calificara el pedido, pero no obtuvo apoyo suficiente. Luego, Lenin Rogel presentó una moción para unificar el juicio de Garzón con otro proceso propuesto por Héctor Valladares, pero el oficialismo votó en contra, archivando ambos casos.

El bloque correísta se retiró en protesta, alegando irregularidades en la conducción de la sesión. La noche terminó con una mayoría oficialista celebrando la resolución.