Socialización del proyecto de ley de Ahorro Y Monetización
El ministro de Finanzas Juan Carlos Vega, señala que la Ley de Ahorro Y Monetización es fundamental para fortalecer la capacidad que tiene el Gobierno para combatir el crimen organizado, la corrupción, así como también, tener ahorros en el proceso de compras públicas que son indispensables para el Gobierno Nacional.
24 enero, 2024
El ministro de Finanzas Juan Carlos Vega, señala que la Ley de Ahorro Y Monetización es fundamental para fortalecer la capacidad que tiene el Gobierno para combatir el crimen organizado, la corrupción, así como también, tener ahorros en el proceso de compras públicas que son indispensables para el Gobierno Nacional. «recibimos del gobierno anterior unas finanzas públicas destrozadas», dice en el tratamiento y socialización del proyecto en la Asamblea.
Por su parte Eckenner Recalde, segundo vicepresidente de la Asamblea, afirma que sin duda la propuesta del presidente de la República va encaminada a combatir la corrupción en todos los ámbitos, “estamos aquí para apoyar las iniciativas y acciones que estén enfocadas a la buena administración de los recursos económicos del Estado”.
El asambleísta Jorge Álvarez, indica que esta ley, que ha sido enviada por el Gobierno Nacional, es para capitalizar el erario nacional debido al déficit fiscal que tenemos. Pregunta: ¿Cómo vamos a recuperar estos bienes tomando en consideración la historia que tenemos en el país? ¿Cuáles son los mecanismos que van a utilizar para controlar eficiente mente los procesos de contratación pública?
Este proyecto, según la exposición del Ejecutivo, tiene como objetivo:
Promover la sostenibilidad de las finanzas públicas
Buscar el financiamiento de la lucha contra la corrupción
Evitar el blanqueo de capitales y los delitos asociados a la criminalidad
Ahorro de recursos en la mejora de los procesos de contratación pública
Implementación de mecanismos de extinción de dominio, transparencia, regulación
Fortalecimiento institucional, que permitan la monetización de los activos incautados que no han podido ser justificados o de origen ilícito
El proyecto deberá ser procesado por la Comisión de Régimen Tributario. La Asamblea tiene un plazo de 30 días para pronunciarse.