La mañana de este lunes 3 de junio, se instaló en la Corte Nacional de Justicia la audiencia para receptar los testimonios anticipados de Mayra S. y Daniel S., testigos protegidos en el Caso Purga. La audiencia contó con la presencia de la Fiscal General del Estado, Diana Salazar.

La Fiscalía General del Ecuador investiga en este caso el delito de delincuencia organizada. Los testimonios de los testigos protegidos son considerados cruciales para el avance de la investigación.

Detalles de la Audiencia

La audiencia se desarrolló a puerta cerrada, con la presencia únicamente de las partes procesales y los testigos protegidos. Los testimonios de Mayra S. y Daniel S. fueron recabados bajo estrictas medidas de seguridad para garantizar su protección.

Importancia del Caso

El Caso Purga es uno de los casos de delincuencia organizada más importantes que se investigan en Ecuador en la actualidad. El caso involucra a una red criminal que operaba en varias provincias del país y que estaría relacionada con actividades como narcotráfico, lavado de activos y extorsión.

Antecedentes

El 4 de marzo de 2024, Ecuador amaneció con la noticia de la ejecución de 12 órdenes de detención y allanamientos en Samborondón, la Isla Mocolí, el norte de Guayaquil y la Corte Provincial de Justicia del Guayas.

A la par de que se difundían las fotografías de las detenciones, joyas, celulares, billetes, y demás artículos incautados, la fiscal Diana Salazar explicaba en un video de qué se trataba esta nueva red.

«El caso Purga es una demostración de cómo la corrupción se generaba desde las más altas esferas de la política legislativa, que ponía a su servicio, y obviamente al del narcotráfico, la administración de justicia, en una de las provincias más importantes del país: Guayas», dijo la titular de la Fiscalía.

Al día siguiente, tras una larga audiencia, nueve de los 12 procesados recibieron orden de prisión preventiva, mientras que el juez estableció medidas alternativas para dos personas y arresto domiciliario para un hombre de la tercera edad.

Días más tarde, el 28 de marzo de 2024, la Fiscalía receptó testimonios anticipados por el caso Metástasis, uno de esos fue el de Mayra Salazar, cuyas revelaciones no solo sirvieron para esclarecer esa investigación, sino que dieron pistas sobre cómo funcionaba la red del caso Purga. Por ejemplo, contó que cuando trabajaba en la Corte Provincial del Guayas, debía reportar a Pablo Muentes, exasambleísta y procesado, los movimientos de Fabiola Gallardo, expresidenta de la Corte Provincial del Guayas y también investigada.

El 1 de junio pasado, la Fiscalía informó que procesará a 13 personas más. La audiencia está prevista para este 3 de junio y se esperan pedidos de prisión preventiva. Al sumar nuevas personas, la instrucción fiscal se extenderá por 30 días adicionales.

El nombre que más resonó, alrededor del caso Purga, fue el de Pablo Muentes, quien se desempeñaba como asambleísta en el periodo anterior, de 2021 a 2023, representando al Partido Social Cristiano (PSC).

Sin embargo, al conocerse de la investigación, el PSC prefirió dar un paso al costado, aunque no hubo expulsión.

La tesis de la Fiscalía lo coloca como artífice en el manejo de la justicia de la Corte del Guayas. Además, habría influenciado en la selección de Fabiola Gallardo como Presidenta de esa institución.

Su poder en la Función Judicial le permitía obtener beneficios personales. Según la Fiscalía, Muentes y su esposa, presuntamente, lograron una indemnización de casi USD 4 millones del Banco del Pacífico por una acción de habeas data. En ese proceso se habría utilizado documentos falsos.

En otros casos, en cambio, supuestamente lograba apropiarse de terrenos a partir de denuncias de tráfico de tierras.

De los chats de Mayra Salazar se desprende que Muentes habría sido quien pagaba el sueldo de la relacionista pública y le ordenaba la ejecución de campañas de desprestigio desde un troll center. También se conoce que el exasambleísta, presuntamente, tenía poder en el Consejo de la Judicatura.

También están vinculadas la esposa y un primo del político.

Otra persona con gran protagonismo en el caso es Fabiola Gallardo. Entre sus supuestas acciones ilícitas estaría el manejo de concursos, sorteos y acciones administrativasa su conveniencia, para beneficiar a terceros. Es decir, intervenía para que ciertos procesos terminen en manos de determinados jueces, quienes recibían órdenes de cómo actuar.

Un ejemplo de cómo Gallardo habría logrado beneficios, se evidencia en un caso contra el Cuerpo de Ingenieros del Ejército. En ese entonces fungía como jueza y pedía la remodelación de un piso de la Corte del Guayas a cambio de un fallo a su favor.

Según la investigación, Gallado habría pedido contactar al narcotraficante prófugo Adolfo Macías, alias Fito, para negociar un fallo, cuando se le asignó ser parte del Tribunal que debía conocer la apelación del SNAI de que el delincuente regrese a la cárcel Regional, de La Roca.

Gallardo también habría querido conocer a Daniel Salcedo, a quien llamaba como Bello, porque «le parecía guapo».

Si bien Mayra Salazar está procesada por el caso Metástasis, fue su celular el que permitió llegar con los procesados del caso Purga. Sus chats dieron cuenta la enorme red de contactos que manejaba, llegando incluso a la farándula.

De ahí se desprende que gran parte de la operación y las decisiones se tomaban desde Mocolí, en la casa de Muentes, en reuniones presenciales.

Con los testimonios de Mayra Salazar y Daniel Salcedo, la investigación podría dar un nuevo giro.

Para julio se fijaría la audiencia preparatoria de juicio, en la que la Fiscalía presentará todos los elementos recabados y pedirá al juez el inicio del juicio contra quienes tenga los elementos necesarios. A la par, está pendiente la nueva fecha para la audiencia preparatoria de juicio del caso Metástasis, donde hay 52 procesados.