Los Comandos de la Frontera (CDF) son un grupo armado irregular de origen colombiano, señalado por autoridades de Ecuador como responsable de una reciente emboscada que dejó 11 militares ecuatorianos muertos en la Amazonía. Se trata de una organización narcoguerrillera surgida tras la desmovilización de las FARC, con presencia en la frontera sur de Colombia (departamento de Putumayo) y actividades delictivas que incluyen el tráfico de drogas y la minería ilegal. A continuación, se detalla su origen, evolución, operaciones y vínculos conocidos, así como su implicación en hechos violentos recientes en la frontera colombo-ecuatoriana.

Origen y evolución del grupo

Los Comandos de la Frontera surgieron en 2017, tras la firma del acuerdo de paz de 2016 entre las FARC y el gobierno colombiano. Su núcleo inicial estuvo conformado por disidentes de las FARC (principalmente de los frentes 48 y 32) que decidieron no acogerse al proceso de paz, en alianza con remanentes de la banda criminal La Constru (de origen paramilitar) para continuar el negocio del narcotráfico en la región del Putumayo. Inicialmente se hicieron llamar “La Mafia Sinaloa” o simplemente La Mafia, nombre derivado del alias de uno de sus primeros cabecillas, Pedro Oberman Goyes, “Sinaloa”, quien fue asesinado en 2019 en disputas internas. En julio de 2020 adoptaron oficialmente el nombre de Comandos de la Frontera, buscando proyectar una imagen más “política” o guerrillera y desvincularse de la reputación puramente criminal que tenían hasta entonces.

Hacia 2021, los Comandos de la Frontera estrecharon lazos con la disidencia conocida como Segunda Marquetalia, liderada por exjefes de las FARC. De hecho, ese año declararon su adhesión a dicha facción, llegando a autodenominarse “Ejército Bolivariano” como parte de su integración. Tras la fragmentación de la Segunda Marquetalia (debilitada por la muerte o captura de varios de sus líderes), los Comandos pasaron a formar parte de la Coordinadora Nacional del Ejército Bolivariano (CNEB), plataforma política que agrupa a varios grupos disidentes en el marco de la política de “Paz Total” del gobierno colombiano. Precisamente, su máximo líder actual, Giovanny Andrés Rojas, alias “Araña”, asumió el mando en ese periodo (2020) y participaba en mesas de diálogo con delegados del presidente Gustavo Petro hasta ser sorpresivamente capturado en febrero de 2025 en Bogotá. Alias Araña enfrenta cargos por narcotráfico; Estados Unidos incluso ha solicitado su extradición por enviar droga a ese país. Pese a este golpe a su cúpula, los Comandos de la Frontera han manifestado su intención de continuar en los diálogos de paz y mantener cohesión en sus filas.

Vínculos con el narcotráfico y la minería ilegal

La principal actividad de los Comandos de la Frontera es el narcotráfico. El grupo controla las zonas cocaleras en su área de influencia, intimidando a los campesinos cultivadores para monopolizar la compra de la pasta base de coca. Manejan toda la cadena de producción y tráfico de drogas en esas regiones: financian cultivos, operan laboratorios de cocaína, y transportan cargamentos de cocaína y marihuana a través de los ríos amazónicos Putumayo y San Miguel, que sirven de rutas naturales hacia mercados internacionales. De acuerdo con Insight Crime y otros informes de inteligencia, esta organización participa en cada eslabón del narcotráfico en las zonas donde opera. La cercanía de su bastión con las fronteras les permite mover la droga hacia países vecinos: utilizan la frontera con Ecuador y Perú para sacar cargamentos que luego llegan a Brasil (vía Río Içá o Amazonas) y de allí hacia Europa y otros destinos. Investigaciones periodísticas han revelado que carteles extranjeros, en especial mexicanos como el Cártel de Sinaloa, han colaborado con estos grupos intercambiando armas modernas por cargamentos de droga, lo que ha potenciado su poder de fuego. No en vano, los Comandos eran conocidos coloquialmente como la “Mafia Sinaloa”, reflejando esa conexión con narcos de México.

La minería ilegal de oro se ha convertido en otra fuente de ingresos para los Comandos de la Frontera en años recientes. Conforme aumentó el precio del oro, el grupo extendió su “portafolio” delictivo más allá de la coca, involucrándose en la explotación minera ilegal en la Amazonía. Han aprovechado la ubicación remota de los yacimientos auríferos en la selva para operar allí con poca presencia estatal. En particular, buscan dominar las áreas mineras clandestinas en la provincia ecuatoriana de Orellana, donde cobran “vacunas” (extorsiones) a los mineros ilegales a cambio de dejarlos trabajar. De igual manera, están implicados en delitos conexos como tráfico de armas, secuestros, extorsiones y asesinatos, que forman parte de su accionar para controlar territorios y economías ilícitas. Autoridades ecuatorianas los catalogan abiertamente como un grupo “narcoterrorista” por la combinación de actividades de crimen organizado y tácticas violentas que emplean.

Zona de operación en la frontera colombo-ecuatoriana

El radio de acción de los Comandos de la Frontera se concentra en la región amazónica fronteriza entre Colombia, Ecuador y Perú. Su bastión principal es el departamento colombiano de Putumayo, especialmente la zona del Bajo Putumayo cerca de la triple frontera. Desde allí se han expandido por la región limítrofe amazónica, aprovechando las cuencas fluviales que conectan tres países. Un reporte transfronterizo determinó que la presencia de este grupo ha sido detectada en al menos 21 localidades de Colombia, Ecuador y Perú. En Colombia, además de Putumayo, han extendido su influencia a partes de Caquetá, Amazonas, Cauca y Nariño, departamentos donde también operan otros actores ilegales. Esta amplia dispersión geográfica responde al control de corredores del narcotráfico: por ejemplo, dominan tramos del río Caquetá y del río Putumayo, que son estratégicos para movilizar la cocaína hacia Brasil y el Pacífico.

En la frontera con Ecuador, su presencia se ha vuelto cada vez más evidente en los últimos años. Las autoridades ecuatorianas detectaron por primera vez su incursión en 2020, cuando hallaron en la provincia de Sucumbíos (frontera norte amazónica de Ecuador) un campamento clandestino con armas de grueso calibre y panfletos propagandísticos atribuidos a los Comandos de la Frontera. Desde entonces, se les ha vinculado con diversas actividades ilícitas en territorio ecuatoriano. Su influencia principal en Ecuador se concentra en las provincias de Sucumbíos y Orellana, justamente las zonas selváticas colindantes con Putumayo donde proliferan tanto cultivos de coca como minas ilegales de oro. Autoridades locales describen que en ciudades como Lago Agrio (Nueva Loja) la sombra de los Comandos se ha sentido con el aumento de la violencia desde finales de 2024. Este grupo ha logrado traspasar la frontera y establecer redes logísticas dentro de Ecuador: por ejemplo, colaboradores suyos eran responsables de transportar droga desde Sucumbíos hasta los puertos en la costa ecuatoriana para su envío al exterior. En operativos realizados en 2024, la policía ecuatoriana desarticuló células de apoyo de los Comandos en varias provincias, deteniendo a integrantes que fungían como transportistas y testaferros (encargados de lavar dinero) de la organización

El control territorial que ejercen en la frontera suele manifestarse mediante la imposición de reglas y el terror. Habitantes de poblaciones fronterizas relatan que los Comandos de la Frontera han instaurado un “régimen de terror” en algunas comunidades, donde la gente prefiere callar y no interferir. Dado que el Estado ecuatoriano ha declarado desde 2024 un estado de excepción y un “conflicto armado interno” para enfrentar a estos grupos narco delictivos, en áreas como Sucumbíos se han militarizado las medidas de seguridad (toques de queda, refuerzo policial) ante la amenaza constante. Aún así, la porosidad de la selva y la longitud de la frontera hacen difícil contener la movilidad de los Comandos, que conocen bien el terreno y saltan los límites fronterizos con facilidad.

Relación con ex-FARC y otros grupos armados

La génesis misma de los Comandos de la Frontera está ligada a las disidencias de las FARC, de las cuales provienen sus combatientes. Efectivamente, son considerados una “disidencia de la antigua guerrilla de las FARC” en tanto su composición es mayormente de exguerrilleros que retomaron las armas tras el acuerdo de paz. Su integración con la Segunda Marquetalia (una red de ex-FARC comandada por Iván Márquez antes de su implosión) refuerza ese pedigree guerrillero, aunque en la práctica los Comandos operan más como una estructura criminal autónoma enfocada en negocios ilícitos. No obstante, en lo ideológico se han autoproclamado organización “político-militar”, intentando revestirse de un discurso insurgente. Por ejemplo, en sus comunicados se refieren a sí mismos como “organización político-militar Comandos de la Frontera” y utilizan jerga revolucionaria, pese a que su motivación principal aparenta ser económica.

Además de sus lazos con otras facciones disidentes colombianas, los Comandos de la Frontera han tejido alianzas con grupos criminales de Ecuador. Investigaciones han revelado una colaboración estrecha con la banda conocida como Los Lobos, uno de los mayores grupos de crimen organizado ecuatoriano dedicado al narcotráfico. Esta alianza se ha visto fortalecida en el contexto del negocio de la minería ilegal: según expertos en seguridad, los Comandos se apoyan en Los Lobos para afianzar el control de los campamentos mineros clandestinos en Orellana. A cambio, presumiblemente comparten utilidades del oro ilegal y facilitan el paso de droga hacia rutas controladas por la red de Los Lobos. Las autoridades ecuatorianas confirmaron estos nexos binacionales luego de una serie de operativos en septiembre de 2024, en los que fueron capturados 13 presuntos integrantes de los Comandos de la Frontera en cinco provincias del Ecuador. Tras dichas detenciones, la Policía señaló que esta banda mantenía vínculos con Los Lobos y estaba detrás de envíos de cocaína hacia México (probablemente hacia el Cártel de Sinaloa) y hasta España, evidenciando un alcance transnacional de sus operaciones.

Paradójicamente, la incursión de los Comandos y Los Lobos en la Amazonía ecuatoriana provocó la reacción de otra organización criminal: Los Choneros, la banda narcodelictiva rival más poderosa de Ecuador. Reportes recientes indican que, ante la extorsión ejercida por Comandos de la Frontera y Lobos sobre los mineros ilegales, muchos de estos buscaron protección en Los Choneros, atrayendo a este último grupo a una zona donde antes no tenía injerencia. Esto ha derivado en un enfrentamiento triangular por el control del territorio y sus economías ilícitas: Comandos de la Frontera (apoyados por Los Lobos) vs. Los Choneros, principalmente. Un informe policial señala que esta disputa ha dejado al menos 60 víctimas en la frontera norte de Ecuador en el último año, incluyendo varias masacres atribuidas a ajustes de cuentas entre estas facciones. Entre ellas se cuentan el hallazgo de siete cadáveres uniformados como militares en febrero de 2024 (Joya de los Sachas, Orellana), el asesinato de tres policías en agosto de 2024 (en la misma localidad) y otras matanzas en Sucumbíos a finales de 2024. Este panorama ilustra cómo los Comandos de la Frontera han entrelazado su accionar con el crimen organizado local más allá de la guerrilla, convirtiéndose en un factor de violencia binacional.

Ataques recientes y tensión en la frontera con Ecuador

En tiempos recientes, los Comandos de la Frontera han sido protagonistas de graves incidentes de violencia en la frontera colombo-ecuatoriana, exacerbando la inestabilidad de la zona. Las autoridades de Ecuador los han responsabilizado de varios ataques contra sus fuerzas de seguridad. Uno de los primeros incidentes sonados ocurrió en marzo de 2024, cuando una emboscada armada cerca del río San Miguel (límite entre Sucumbíos y Putumayo) dejó tres militares ecuatorianos heridos. Informes de inteligencia señalaron a los Comandos de la Frontera como autores de esa agresión, perpetrada mientras los soldados regresaban de una misión de patrullaje fronterizo.

La escalada llegó a un punto crítico el 9 de mayo de 2025, con el ataque más mortífero atribuido a este grupo hasta la fecha. Ese día, un contingente del Ejército ecuatoriano (unos 80 efectivos de la Brigada de Selva 19 Napo) realizaba un operativo contra la minería ilegal en el sector selvático de Alto Punino –en la frontera entre las provincias de Napo y Orellana, muy próximo a Colombia– cuando fue sorprendido en una emboscada. Los agresores utilizaron explosivos, granadas y armas automáticas, causando una matanza: 11 militares ecuatorianos fallecieron (entre ellos oficiales y tropa) y otro resultó herido. Según la Fiscalía General del Estado de Ecuador, los indicios apuntan a que los atacantes pertenecían a los Comandos de la Frontera, identificados como el grupo ilegal armado responsable de la masacre. De hecho, el Ministerio de Defensa ecuatoriano calificó el hecho como emboscada terrorista y anunció operativos para dar caza a los responsables, respaldado por el gobierno que declaró tres días de duelo nacional.

Tanto Ecuador como Colombia han coincidido en culpar a esta organización disidente por el ataque. El ministro de Defensa colombiano, Iván Velásquez, condenó el hecho y confirmó la autoría de los Comandos de la Frontera, dado que opera precisamente en el lado colombiano frente a la zona del incidente. Sin embargo, pocas horas después de la emboscada, el propio grupo se apresuró a negar su participación. En un comunicado divulgado el 9 de mayo, los Comandos de la Frontera afirmaron “no tener ninguna responsabilidad” en lo ocurrido en territorio ecuatoriano. Alegaron que no operan en Ecuador y sugirieron que el ataque podría haber sido obra de bandas criminales locales ecuatorianas como Los Choneros, Los Lobos o Los Tiguerones. Esta declaración fue recibida con escepticismo por las autoridades, y su autenticidad estaba bajo verificación. Analistas consideran que podría tratarse de un intento de desviar la atención o evitar represalias militares, dado que la respuesta del Estado ecuatoriano ha sido enérgica.

El involucramiento de los Comandos de la Frontera en la frontera norte de Ecuador agrava la ya delicada situación de seguridad en el país. Desde 2022, Ecuador enfrenta una ola de violencia ligada al narcotráfico y ha tenido que reconocer la presencia de grupos armados extranjeros en su territorio. La muerte de los 11 militares en Alto Punino marca uno de los peores ataques sufridos por las Fuerzas Armadas ecuatorianas en décadas, atribuido a un grupo irregular extranjero. Esto ha encendido las alertas en Quito y Bogotá, pues amenaza con internacionalizar el conflicto armado. De hecho, el incidente ha generado fricciones en la política de “Paz Total” de Colombia: ocurre mientras el gobierno de Gustavo Petro intenta negociar con diversas facciones, incluidos los Comandos de la Frontera, para cesar las hostilidades. La captura de alias Araña en pleno proceso de diálogo ya había tensado la mesa de negociación, y ahora este ataque transfronterizo siembra dudas adicionales sobre la voluntad real del grupo de acatar una eventual tregua. Por lo pronto, Ecuador ha reforzado su presencia militar en la frontera y coordina con Colombia operativos de inteligencia para neutralizar a los Comandos de la Frontera, considerados ya objetivo militar de alto valor por el gobierno ecuatoriano.

En suma, Los Comandos de la Frontera representan una amenaza creciente en la frontera colombo-ecuatoriana, al ser herederos de la antigua insurgencia pero orientados hoy principalmente al crimen organizado. Su origen se entrelaza con la historia de las FARC, pero su accionar contemporáneo muestra una mutación hacia un híbrido de guerrilla y cartel narcotraficante. Controlan enclaves de coca y oro ilegales, tejen alianzas con carteles internacionales y pandillas locales, y desafían la soberanía de ambos estados con violencia. Los hechos recientes –incluida la presunta masacre de los 11 militares– subrayan la necesidad de una respuesta coordinada de Colombia y Ecuador para frenar la expansión de este grupo. La presión conjunta, tanto militar como judicial, seguirá en aumento: varios de sus miembros están siendo procesados en Ecuador por delincuencia organizada, y sus líderes enfrentan pedidos de extradición y operativos dedicados a su captura. La comunidad fronteriza, mientras tanto, permanece en vilo, esperando que cese la violencia que estos “comandos” han llevado a sus selvas y ríos compartidos.